CSJ de El Salvador estudia romper esquema electoral para abrirle paso a candidatos a diputados que no representen partidos políticos pero que tengan la vocación pública de luchar por sus comunidades desde el legislativo.

Will Gamez – Redacción

Hasta la fecha solamente los partidos políticos tienen la posteta de elaborar listas de candidatos internas para elegir a quienes y cuantos lanzar en sus campañas electorales, obligando al público a que elija los que ellos proponen, cerrando una brecha significativa para la salud democrática de El Salvador (ES).

Pero este descuido en la constitución salvadoreña no es una falla nueva, ya que la misma constitución estipula que la conformación de partidos políticos es la única villa para que los ciudadanos opten por candidaturas públicas. Pero la misma constitución en el capitulo 7, artículo 210, afirma que leyes secundarias podrían modificar todo lo referente a materia electoral, es decir que la propuesta si puede ser posible. Además sería viable para la práctica de la pluralidad que la misma constitución pregona.

También debemos tomar en cuenta visiones futuristas que amplíen el margen democrático de la nación, basados en los cambios de los tiempos, como lo ha superado Estados Unidos, Holanda, Suecia, Canadá, Lituania y otros países con sociedades muy avanzadas, donde la diversidad es un nuevo elemento viable para la salud de la democracia.

Los beneficios electorales se verían reflejados con el rompimiento de los cercos partidistas, los salvadoreños en el exterior podrían participar por diputaciones sin necesidad de cazarse obligadamente con partidos que por décadas nunca los han tomado en cuenta y agilizar el voto en el exterior, y otras leyes que los amparen; los departamentos menos beneficiados por los recursos del Estado alcanzarían mayor protagonismo en la palestra legislativa, y se integrarían al ejercicio del sufragio el amplio sector de abstinencia que no simpatiza con ningún partido, sector social que los medios y el gobierno no les prestan la atención adecuada. Pero no hay que olvidar que una candidatura requiere de recursos económicos propios y en este caso, una independiente probablemente no contaría con recursos del Estado, ya que también está estipulado en la constitución que solamente los partidos políticos son beneficiados con recursos de la nación en concepto de ‘Deuda Política’.

Por ende, los partidos tradicionales y principalmente los dos extremas perderían poder de influencias entre la población, lo que hará que defiendan a capa y espada no procesar constitucionalmente dicha ley.

Según los 5 magistrados que conforman el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de ES, el sistema actual en la práctica constituye una elección de los partidos políticos más que de los ciudadanos.

A principios de los años 90s ocurrió el primer debate en ES sobre la posibilidad de las candidaturas independientes, pero el TSE y los mismos partidos impidieron la evolución de tales iniciativas.

La iniciativa ha sido producto de la visión de 3 ciudadanos que han solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ),  que declare inconstitucional los artículos del Código Electoral que exigen a los aspirantes a diputados estar inscritos obligatoriamente a algún partido político, y declarar que la manera en que los partidos presentan las listas de candidatos al parlamento riñe con la Constitución, ya que obedecen solo a intereses de partido y no de nación, además de pedir modificar otros capítulos de la constitución para poder facilitar el proceso de las candidaturas sin banderas políticas.

La primera demanda fue presentada en septiembre de 2007 por los abogados Eduardo Castillo y José Tovar. La segunda fue en diciembre del 2009 por el abogado Félix Ulloa, según datos del portal El Faro.

Por su parte el magistrado Rodolfo González, uno de los 5 miembros de la Sala, explicó a los medios locales que han tomado la decisión de “empaquetar” las dos demandas y resolver sobre ellas en conjunto.